El ordenamiento jurídico de Nicaragua ha atravesado una reconfiguración administrativa y normativa profunda durante el último bienio. Solo en el ejercicio legislativo de 2025, se aprobaron 35 leyes y 29 decretos que han modificado la estructura de funcionamiento de diversas instituciones del Estado. Estos cambios, consolidados en 2026, requieren que los profesionales del derecho y los agentes económicos actualicen sus protocolos de cumplimiento para alinearse con las nuevas disposiciones en materia constitucional, tributaria y de comercio exterior.
Desde una perspectiva estrictamente legal, las reformas se orientan hacia la centralización de la gestión pública y el endurecimiento de los controles de trazabilidad en las importaciones. A continuación, se detallan los ejes principales de esta transformación.
Marco Constitucional y Representación del Estado
La Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política, vigente desde febrero de 2025, introdujo cambios en la mayoría del articulado técnico del texto fundamental. Entre los puntos de mayor relevancia para la práctica jurídica se encuentran la nacionalidad y la representación penal del Estado.
Régimen de Nacionalidad y Ciudadanía
A partir del 14 de enero de 2026, rigen nuevas disposiciones para los artículos 23 y 25 de la Constitución. La normativa establece que la nacionalidad nicaragüense conlleva un compromiso de lealtad, y la adquisición de una nacionalidad extranjera implica la ruptura del vínculo jurídico con el Estado nicaragüense.
Extranjeros: Para optar a la nacionalidad nicaragüense, es requisito la renuncia a la nacionalidad de origen.
Excepción Regional: Se mantiene un régimen preferencial para los centroamericanos de origen residentes en el país, quienes pueden adquirir la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a la propia, facilitando la integración regional.
Vigencia de Identificación: Para garantizar la seguridad jurídica en los trámites, la Ley No. 1254 restableció la vigencia de la Ley de Identificación Ciudadana (Ley No. 152), esencial para el registro civil y mercantil.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ)
La estructura de representación legal ha sido modificada mediante la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia (Ley No. 1259 y sus reformas). Esta entidad, anteriormente denominada Procuraduría General de la República, asume ahora funciones de acción penal que antes residían en otras instancias. Los artículos 132, 159 y 160 constitucionales le otorgan la facultad acusadora en representación del interés social y del Estado, centralizando la persecución del delito en esta institución.
Actualización del Sistema Tributario: Ley No. 1279
En abril de 2026, la reforma a la Ley de Concertación Tributaria (LCT) introdujo ajustes técnicos para optimizar la recaudación en sectores específicos de consumo masivo.
Ajustes en la Base Imponible del IVA e ISC
El cambio más significativo para las empresas distribuidoras es el traslado de la base imponible del precio al detallista al precio al distribuidor para productos como bebidas alcohólicas, cervezas, tabaco, bebidas azucaradas y energéticas.
| Tipo de Impuesto | Aplicación Técnica (Ley 1279) |
| IVA (Enajenaciones) | Se calcula sobre el precio al distribuidor. |
| IVA (Importaciones) | Se determina con base en el valor en aduana. |
| ISC (Bebidas Alcohólicas) | Cuota específica basada en el litro de alcohol puro. |
| Crédito Fiscal | Se homologa el reconocimiento del crédito fiscal pagado en materias primas bajo la misma base. |
Alícuota 0% para Productos Alimenticios
Como medida de fomento al consumo de ciertos bienes, se reformó el Anexo I de la LCT para aplicar una alícuota del 0% de ISC a una lista de productos importados, entre los que destacan el pavo (fresco o congelado), uvas, manzanas, peras, diversos frutos secos y bananas orgánicas.
Cumplimiento en Comercio Exterior: Trazabilidad Laboral
Nicaragua ha endurecido los requisitos de ingreso de mercancías para prevenir el trabajo forzado. La Ley No. 1280, que adiciona disposiciones a la Ley de Autodespacho (Ley No. 265), establece nuevas obligaciones para los importadores.
Declaración Jurada y Circular Técnica CT-027-2026
Bajo la Circular Técnica CT-027-2026, los operadores de comercio exterior deben adjuntar una declaración jurada que certifique que las mercancías no han sido elaboradas mediante trabajo forzado o infantil. Este requisito aplica a:
Importaciones definitivas.
Regímenes de Zona Franca.
Admisiones temporales.
La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) tiene la facultad de solicitar información adicional sobre la trazabilidad de la cadena de suministro, desde la materia prima hasta el producto final. Las empresas deben revisar sus contratos internacionales para asegurar que sus proveedores extranjeros cumplan con estos estándares, ya que la información está sujeta a verificación física y documental.
Régimen de Inversión y Zonas Francas
La Ley de Zonas Francas de Exportación (Ley No. 917) fue reformada para brindar mayor previsibilidad fiscal a las empresas operadoras y usuarias.
Exención de Dividendos: Se ratifica la exención del 100% del Impuesto sobre la Renta (IR) y del impuesto sobre dividendos por 15 años para operadoras y 10 años para usuarias.
Prórrogas: Se introduce la posibilidad de solicitar prórrogas sucesivas de estos beneficios, sujetas a la autorización de la Comisión Nacional de Zonas Francas.
Zonas Económicas de la Franja y la Ruta: La Ley No. 1264 crea un marco especial para proyectos de infraestructura vinculados a la cooperación con China, ofreciendo condiciones de excepcionalidad jurídica para grandes inversiones.
Gestión Administrativa y Sistema Judicial
Centralización Municipal
A partir de 2026, la administración de activos, recursos y personal de los 153 municipios de Nicaragua ha sido centralizada bajo la autoridad estatal. La Ley de Reforma a la Gestión Local eliminó la Carrera Administrativa Municipal, trasladando al personal técnico a la nómina de entidades centrales como la Procuraduría General de Justicia o el Ministerio de Hacienda. Para las empresas, esto implica que las gestiones de solvencias y permisos locales ahora están sujetas a procesos de fiscalización nacional.
Ley de Carrera Judicial (Ley No. 1250)
El ingreso y permanencia en el sistema judicial se rige ahora por la Ley No. 1250, que consolida el control del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial sobre los nombramientos de jueces, magistrados y secretarios. Se establecen principios de idoneidad, responsabilidad e integridad, y se prohíbe explícitamente la doble nacionalidad para los miembros de la carrera judicial (quienes deben haber renunciado a cualquier otra nacionalidad al menos seis años antes de su ingreso).
Conclusiones Técnicas para la Gerencia Legal
El entorno regulatorio de 2026 exige una debida diligencia rigurosa. Las empresas deben:
Ajustar sus sistemas contables a la nueva base imponible del precio al distribuidor para evitar discrepancias en las declaraciones de IVA e ISC.
Implementar auditorías de cadena de suministro para cumplir con la declaración de ausencia de trabajo forzado exigida por la DGA.
Formalizar las solicitudes de prórroga de beneficios fiscales en zonas francas ante la Comisión Nacional para asegurar la continuidad de las exenciones.
Mantener solvencia actualizada ante la DGI y la DGA, dado que la centralización administrativa reduce los márgenes de discrecionalidad en la gestión de permisos.