El entorno tributario en la República de Nicaragua ha experimentado una metamorfosis radical durante la última década, transitando de un sistema de fiscalización tradicional hacia un modelo de recaudación intensiva apoyado en la digitalización de la vigilancia y una interpretación cada vez más rigurosa de la Ley N°. 822, Ley de Concertación Tributaria (LCT). Para las empresas y profesionales que operan en el mercado nicaragüense, el cumplimiento fiscal ha dejado de ser una tarea contable rutinaria para convertirse en un pilar de la estrategia de supervivencia corporativa. La presión fiscal, manifestada a través de auditorías recurrentes y la imposición de reparos millonarios, exige un conocimiento profundo no solo de las tasas impositivas, sino de los mecanismos de defensa legal y las sutilezas de las retenciones en la fuente que actúan como el flujo sanguíneo de las finanzas estatales.
La arquitectura impositiva del país se rige primordialmente por la Ley de Concertación Tributaria y su Reglamento, los cuales establecen un esquema de imposición cedular. Esto significa que las rentas se gravan de forma separada según su origen: trabajo, actividades económicas o capital. El Artículo 108 de la Constitución Política de Nicaragua establece los principios de justicia y equidad tributaria, prohibiendo explícitamente los tributos de carácter confiscatorio, una premisa que se vuelve central en los litigios contra la administración tributaria cuando los ajustes fiscales exceden la capacidad contributiva real del negocio.
En los últimos años, el Estado ha fortalecido sus facultades de fiscalización mediante reformas que buscan cerrar las brechas de elusión. La Ley N°. 1212, aprobada en agosto de 2024, es un ejemplo reciente de cómo la normativa fiscal se entrelaza con la regulación de organizaciones civiles y agentes extranjeros, obligando a una transparencia total sobre el origen y destino de los fondos, lo cual tiene repercusiones directas en la deducibilidad de donaciones y la estructura de costos de las entidades relacionadas.
El IR es un impuesto directo y personal que grava las rentas de fuente nicaragüense. Es fundamental comprender que la administración considera como renta de fuente nicaragüense toda aquella que derive de actividades, bienes o derechos situados o utilizados en el territorio nacional, independientemente del lugar donde se perciba el pago.
| Categoría de Renta | Sujeto Pasivo | Hecho Generador |
| Rentas del Trabajo | Personas Naturales | Salarios, bonos, dietas y prestaciones derivadas de una relación laboral o profesional. |
| Rentas de Actividades Económicas | Personas Naturales y Jurídicas | Ingresos devengados o percibidos en el giro comercial, industrial o de servicios. |
| Rentas de Capital y Ganancias | Residentes y No Residentes | Dividendos, intereses, alquileres y enajenación de activos fijos. |
Para el periodo 2025-2026, los empleadores enfrentan retos significativos en la gestión de la nómina. Uno de los cambios más drásticos en las reformas recientes es la eliminación de la deducibilidad de los aportes de los trabajadores a fondos de ahorro o pensiones privados para el cálculo de la base imponible del IR. Anteriormente, estos fondos permitían disminuir la carga fiscal del empleado; ahora, el impuesto se calcula casi exclusivamente sobre el salario neto tras la deducción de la seguridad social.
La administración ha incrementado las tasas para ingresos no salariales pero vinculados a la gestión corporativa. Las dietas percibidas por miembros de directorios o consejos de administración, que anteriormente tenían una tasa menor, han sido elevadas al 25% para residentes y no residentes en ciertas circunstancias, reflejando un enfoque recaudatorio sobre los niveles directivos de las empresas.
| Concepto | Tasa Anterior | Tasa con Reforma | Base Legal |
| Dietas (Directivos/Consejos) | 12.5% | 25% | |
| Indemnizaciones (exceso de C$ 500,000) | 10% | 15% | |
| Rentas del trabajo a no residentes | 15% | 20% |
Para el cálculo mensual de los trabajadores regulares, se aplica una tarifa progresiva que exime los primeros C$ 100,000.00 de ingresos anuales netos. El agente retenedor debe calcular la expectativa de renta anual multiplicando el salario neto mensual por doce y aplicando la tabla correspondiente. Este proceso se complica con los “pagos ocasionales” (bonos, vacaciones), los cuales requieren un cálculo marginal del impuesto para evitar retenciones insuficientes que podrían generar reparos al empleador al final del periodo fiscal.
Las empresas en Nicaragua están sujetas a una alícuota general del 30% sobre su renta neta gravable. Sin embargo, la presión fiscal real se manifiesta a través del Pago Mínimo Definitivo (PMD), un tributo que actúa como un anticipo mensual y un piso impositivo anual calculado sobre la renta bruta.
La reforma ha segmentado a los contribuyentes según su volumen de ingresos, lo que implica que las empresas de mayor facturación contribuyen con un porcentaje más alto de sus ingresos brutos, independientemente de su margen de utilidad neta.
| Clasificación | Ingresos Anuales (C$) | Alícuota PMD |
| Grandes Contribuyentes | Superiores a 160 Millones | 3% |
| Principales Contribuyentes | Entre 60 y 160 Millones | 2% |
| Demás Contribuyentes | Inferiores a 60 Millones | 1% |
Una disposición crítica que los asesores legales deben monitorear es la facultad de la Dirección General de Ingresos (DGI) para anular las segregaciones de operaciones. Si la administración considera que una empresa ha dividido sus operaciones en varias entidades legales con el único fin de tributar bajo la alícuota del 1% en lugar del 3%, puede declarar estas divisiones sin efecto tributario y cobrar el diferencial de forma retroactiva. Esta medida subraya la importancia de que cualquier reestructuración corporativa tenga una justificación económica de negocio más allá de la optimización fiscal.
El sistema de retenciones en la fuente es la herramienta más eficaz de la DGI para garantizar el flujo de caja estatal. Todo contribuyente que realice pagos a terceros está obligado a actuar como agente de retención, bajo pena de ser responsable solidario por el impuesto no recaudado. La implementación de la Declaración Mensual de Impuestos (DMI) Versión 2.0 ha estandarizado los códigos de retención, facilitando el cruce de información mediante la Ventanilla Electrónica Tributaria (VET).
Las retenciones entre residentes funcionan como un crédito para el receptor del pago al final de su ejercicio anual. No obstante, el error en la aplicación del código o la tasa puede resultar en el rechazo del gasto para el pagador y una multa por omisión.
| Código DMI | Tipo de Operación | Alícuota | Base Legal |
| 21 | Ventas mediante tarjeta de crédito/débito | 1.5% | Art. 44 RLCT |
| 22 | Compra general de bienes y servicios | 2% | Art. 44 RLCT |
| 27 | Servicios profesionales de persona natural | 10% | Art. 44 RLCT |
| 25 | Compra de bienes agropecuarios | 3% | Art. 44 RLCT |
Cuando se trata de pagos a no residentes o rentas de capital, la retención suele tener carácter definitivo, extinguiendo la obligación tributaria en el momento del pago. Las operaciones con paraísos fiscales han sido penalizadas con una tasa de retención del 30%, lo que encarece significativamente la contratación de servicios o el financiamiento proveniente de jurisdicciones de baja tributación.
En cuanto a las rentas de capital inmobiliario (alquileres), la tasa nominal es del 15%, pero la reforma ha ajustado la base imponible al 70% o 80% del ingreso bruto, resultando en alícuotas efectivas que varían según el tipo de bien (mueble o inmueble).
El IVA es un impuesto indirecto del 15% que grava el consumo de bienes y la prestación de servicios. La complejidad del IVA en Nicaragua radica en la gestión de las exenciones y en la rigurosidad de los plazos para el entero del impuesto recaudado.
La tendencia legislativa ha sido reducir las listas de productos exentos, limitándolas principalmente a la canasta básica, insumos agropecuarios y servicios de salud esenciales. Un avance notable para el periodo 2025-2026 es la consolidación de la tasa 0% para productos de gestión menstrual (toallas, tampones, copas) y la inclusión de discos y calzones menstruales en este régimen para 2026.
Están exentos del traslado del IVA, entre otros :
Servicios médicos y odontológicos de salud humana (excluyendo estética).
Arrendamiento de inmuebles destinados exclusivamente a casa de habitación (sin muebles).
Enseñanza prestada por entidades educativas autorizadas.
Transporte de carga para exportación.
El contribuyente inscrito en el régimen general debe cumplir con una serie de deberes formales para evitar que el IVA se convierta en un costo directo por errores de procedimiento :
Traslado de la Tasa: Es obligatorio cargar el 15% en cada factura, salvo exención expresa.
Responsabilidad Solidaria: Si un comercio no cobra el IVA estando obligado, la DGI le exigirá el pago del bolsillo de la empresa.
Facturación Electrónica/Manual: Se debe consignar obligatoriamente el RUC del cliente en compras mayores y mantener libros de ventas y compras actualizados.
Cierre de Operaciones: Al cerrar un negocio, se debe liquidar el IVA sobre el inventario existente al precio de costo o mercado, lo que a menudo genera fricciones durante las auditorías de cierre.
El cumplimiento de los plazos es sagrado en la administración tributaria nicaragüense. Un cambio fundamental en las reformas recientes es la transición de días “hábiles” a días “calendario” para ciertas obligaciones, lo que reduce el tiempo de preparación para los departamentos contables.
| Obligación | Fecha Límite | Observaciones |
| Retenciones de IR e IVA | 5to día calendario del mes siguiente | Incluye rentas del trabajo y actividades económicas. |
| Anticipos de IR y PMD | Día 15 del mes siguiente | Declaración el día 5, pago el día 15. |
| Declaración y Pago de IVA | Día 15 del mes siguiente | Los Grandes Recaudadores hacen anticipos quincenales. |
| Impuesto Municipal (IMI) | Día 15 del mes siguiente | Pago ante la Alcaldía correspondiente. |
La declaración anual de actividades económicas debe presentarse, por regla general, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al cierre del periodo fiscal. Sin embargo, la DGI tiene la facultad de emitir avisos adelantando o ajustando estos plazos, como ha ocurrido en años anteriores donde se ha fijado el último día de febrero como límite para evitar la saturación del sistema. El incumplimiento de la declaración anual es una de las faltas más graves, pudiendo llevar a la insolvencia fiscal inmediata y la imposibilidad de operar comercialmente.
El término “reparo” se ha vuelto sinónimo de crisis para muchas empresas en Nicaragua. Un reparo ocurre cuando la DGI, tras una auditoría, determina que el contribuyente no ha liquidado correctamente sus impuestos, procediendo a ajustar la base imponible y aplicar multas y recargos.
Los auditores fiscales suelen enfocarse en la deducibilidad de los gastos. El principio de “causalidad” exige que todo gasto sea necesario para generar o mantener la renta gravada. La administración suele impugnar :
Gastos sin el soporte documental adecuado (facturas que no cumplen requisitos de ley).
Gastos de periodos anteriores cargados al ejercicio actual.
Pagos a proveedores informales sin la debida retención del 10% o 2%.
Deducciones por malos créditos (cuentas incobrables) que no cumplen con los rigurosos pasos de gestión judicial previa.
Excesos en las cuotas de depreciación de activos fijos.
Informes del sector privado denuncian que las auditorías a menudo se realizan bajo metas de recaudación preestablecidas, lo que lleva a interpretaciones arbitrarias de la norma contable. En este escenario, la empresa se ve obligada a elegir entre pagar montos que pueden comprometer su viabilidad o iniciar un largo y costoso proceso de defensa legal.
El Código Tributario de Nicaragua ofrece una ruta de impugnación para los contribuyentes que no están de acuerdo con las resoluciones de la DGI. Un punto vital es que, a diferencia de otros países, la interposición de recursos en Nicaragua produce un efecto suspensivo, lo que significa que el contribuyente no está obligado a pagar el reparo mientras el caso se resuelve, siempre que se solicite expresamente.
Escrito de Descargo: Al recibir el Acta de Cargo con los resultados preliminares, el contribuyente tiene 15 días hábiles para presentar pruebas documentales y argumentos legales. Este no es un recurso aún, sino una etapa de audiencia previa.
Recurso de Reposición: Si la DGI confirma el reparo mediante una Resolución Determinativa, se debe interponer este recurso ante el mismo funcionario que la dictó en un plazo de 8 días hábiles.
Recurso de Revisión: Si la resolución de reposición es adversa, se recurre ante el Director General de Ingresos en un plazo de 10 días hábiles.
Recurso de Apelación: Es la última instancia en la vía administrativa. Se interpone ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) dentro de 15 días hábiles tras la notificación de la revisión. El TATA es un órgano independiente de la DGI que revisa la legalidad del ajuste.
Una de las defensas más poderosas en Nicaragua es el SAP. Si la administración no resuelve los recursos de reposición o revisión en los plazos establecidos (30 y 45 días respectivamente), o si el TATA no resuelve la apelación en 90 días hábiles tras recibir el expediente, el recurso se entiende resuelto a favor del contribuyente. Esta figura legal penaliza la ineficiencia de la administración y ha sido la vía de salvación para múltiples empresas frente a reparos millonarios que quedaron sin respuesta oportuna.
El régimen sancionatorio es severo y está diseñado para desincentivar la mora y la evasión. Las multas se expresan en “Unidades de Multa” (UM). Existe una evolución en el valor de la UM: originalmente fijada en C$ 25.00, las normativas más recientes y la práctica administrativa tienden a indexar su valor al tipo de cambio oficial del dólar de los Estados Unidos de América para proteger el valor real de la sanción.
| Infracción | Sanción | Consecuencias Adicionales |
| Omisión de declaración | Multa pecuniaria por impuesto y periodo | Insolvencia fiscal inmediata. |
| Mora en el pago | Recargo del 5% (IVA) o 2.5% (Otros) | Generación de intereses diarios (0.17%). |
| Contravención Tributaria | Multa del 25% sobre el ajuste | No es objeto de dispensa si hay ajuste determinado. |
| Requerimientos no atendidos | 110 a 130 Unidades de Multa | Cierre temporal o intervención administrativa. |
La mora no solo genera costos financieros, sino que bloquea la capacidad operativa de la empresa. Un contribuyente insolvente no puede venderle al Estado, no puede importar mercancías y se expone al cierre de su negocio como medida cautelar de la DGI.
La mejor defensa ante la DGI es una ofensiva basada en el orden y la prevención. La planificación fiscal en el contexto actual de Nicaragua no debe buscar lagunas legales agresivas, sino la optimización de los beneficios que la propia ley otorga y el blindaje de las operaciones.
Auditorías de Compra: Verificar que los proveedores estén debidamente inscritos y que sus facturas sean legales. La DGI está rechazando masivamente gastos soportados en documentos de “cuota fija” cuando el servicio es claramente de régimen general.
Gestión de Retenciones: Implementar sistemas automatizados que apliquen el código de retención correcto (21, 22, 27, etc.) y garanticen que el pago a la DGI se haga dentro de los primeros 5 días calendario del mes.
Sustancia Económica: Asegurar que los pagos a empresas vinculadas o en el extranjero cuenten con contratos, entregables físicos (informes, correos, registros) y que el precio pactado se ajuste al mercado (Estudio de Precios de Transferencia).
Actualización de Datos: La obligación de mantener actualizados los datos en la VET es fundamental. Una notificación de auditoría enviada a una dirección antigua que no fue reportada se considera válida, y los plazos para defenderse empezarán a correr sin que el contribuyente se entere.
El cumplimiento tributario en Nicaragua para el periodo 2025-2026 demanda un equilibrio entre la disciplina contable y la astucia legal. La presión fiscal no disminuirá, y la administración continuará utilizando sus herramientas tecnológicas para maximizar la recaudación. Las empresas que logren institucionalizar procesos de revisión interna, mantengan una gestión impecable de sus retenciones y conozcan a fondo sus derechos de defensa ante los reparos, serán las que logren prosperar en este entorno desafiante. La asesoría en planificación fiscal ya no es un lujo, sino una necesidad de primer orden para proteger el patrimonio y garantizar la continuidad del negocio frente a una DGI cada vez más proactiva y vigilante.
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